“Mantener Australia a salvo”: se presenta un distópico proyecto de ley contra la “desinformación”

La legislación propuesta podría tener graves consecuencias para la libertad de expresión en Australia, según el Ministro de Comunicaciones en la sombra, David Coleman.

Un proyecto de ley del gobierno australiano advierte a los gigantes de la tecnología y las redes sociales que eliminen la desinformación de sus plataformas o se preparen para pagar cuantiosas multas.

El nuevo proyecto de ley otorgaría al regulador de los medios de comunicación del país, la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, por sus siglas en inglés), el poder de obligar a plataformas digitales como Google y Facebook a mantener registros sobre la desinformación y la desinformación en sus plataformas.

Estas empresas estarían obligadas a entregar estos registros siempre que la ACMA se los solicite.

Además, la ACMA podría solicitar y hacer cumplir un “código de buenas prácticas” para todo el sector que introduzca nuevas medidas para combatir la desinformación. La ACMA podría crear y aplicar su propia norma industrial.

Cualquier infracción de esta nueva norma propuesta supondría para los gigantes tecnológicos el pago de una sanción máxima muy elevada, con multas de hasta USD 4.6 millones (6.88 millones de dólares australianos) o el 5% de la facturación mundial. Por ejemplo, el 5% de la facturación mundial de Meta, matriz de Facebook, asciende aproximadamente a USD 5,300 millones (8,000 millones de dólares australianos).

Según un informe de ABC del 26 de junio, la Ministra Federal de Comunicaciones, Michelle Rowland, dijo que el actual gobierno laborista “está comprometido a mantener a los australianos seguros en línea”.

Según Rowland, el nuevo proyecto de ley garantizará que “la ACMA disponga de los poderes necesarios para exigir responsabilidades a las plataformas digitales por la información errónea y la desinformación en sus servicios”.

Rowland añadió que el proyecto de ley permitirá a la AMCA “mirar bajo el capó de lo que las plataformas están haciendo y qué medidas están tomando para garantizar el cumplimiento”.

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A algunos les preocupa que la legislación propuesta pueda tener un impacto significativo en la libertad de expresión, especialmente teniendo en cuenta la definición de desinformación del proyecto de ley, que queda abierta a la interpretación.

El proyecto de ley define la desinformación como “contenido involuntariamente falso, engañoso o equívoco”. La desinformación se define como “información errónea difundida intencionadamente para causar daños graves”.

David Coleman, Ministro de Comunicaciones en la sombra, del opositor Partido Liberal, expresó su preocupación al afirmar que “se trata de un ámbito político complejo y hay que evitar que el gobierno se extralimite”.

“El público querrá saber exactamente quién decide si un contenido concreto es información engañosa o desinformación”, añadió.

La consulta pública sobre la enmienda a la legislación de comunicaciones (lucha contra la desinformación y la desinformación) finaliza el domingo 6 de agosto.

El gobierno australiano lleva tiempo presionando para que los gigantes tecnológicos se pongan firmes. El 12 de agosto, Google pagó una multa de USD 40 millones (60 millones de dólares australianos) por engañar a los consumidores australianos sobre la recopilación de datos.

En febrero de 2021, Facebook prohibió temporalmente a los usuarios australianos que vieran o compartieran noticias en sus canales de noticias, después de que se agudizara el conflicto con el gobierno por una propuesta de ley sobre la negociación de los medios de comunicación.

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